La modernización de la regulación del transporte de pasajeros y de carga: régimen legal del contrato de transporte y cuestiones relacionadas

El presente royecto aborda cuestiones relacionadas con el contrato de transporte de personas y de carga en diferentes modos de transporte. En particular, busca analizar en qué medida desarrollos recientes, tales como las tecnologías disruptivas o los objetivos de sostenibilidad, pueden tener cabida en las regulaciones existentes.

Por ello, el primer y más amplio objetivo se dedica, precisamente, a la adaptación de las reglas sobre el transporte de personas y de carga al contexto actual. En este sentido, cabe recordar que incluso los convenios más recientes cumplirán 20 años durante el período de vigencia del proyecto, y otros incluso superan holgadamente el medio siglo de antigüedad. Es el caso, muy especialmente, de las Reglas de La Haya, de 1924, y del Convenio CMR, de 1956, en los que resulta evidente que sus redactores no han podido tener en cuenta desarrollos más recientes como la automatización o los ciberriesgos, o la importancia que actualmente se atribuye a cuestiones de sostenibilidad. A la vista de la dificultad de enmendar o de reemplazar tales convenios, resulta necesario preguntarse si cabe efectuar una interpretación según “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” (art. 3.1 del Código civil) para sobrevenir a las carencias detectadas. Por el contrario, la legislación doméstica en la materia es mucho más reciente; tanto es así que sólo ahora comienzan a dictarse las primeras sentencias del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Pero ello no impide constatar la necesidad de su adaptación, puesta de relieve por las enmiendas recientes a la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, o la reforma pendiente de la Ley de Navegación Marítima y del texto refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante. Además, no debe perderse de vista que, en muchas ocasiones, es la propia práctica la que propone soluciones a las carencias detectadas, mediante la elaboración de cláusulas modelo para su incorporación a los contratos de transporte o de utilización del buque. Es el caso de las llamadas cláusulas de sostenibilidad y de fuerza mayor, diseñadas para amoldar la regulación, allí donde esta lo permita, a las necesidades actuales de las partes implicadas.

En segundo lugar, se prestará atención también a la relación entre la investigación de accidentes e incidentes de la aviación civil y el régimen de responsabilidad del transportista aéreo. La cuestión es relevante porque la finalidad de las investigaciones técnicas es preventiva y no punitiva o compensatoria, por lo que no siempre resulta fácil encontrar un equilibrio entre la seguridad, que es el objetivo de las investigaciones técnicas, y la responsabilidad, que impulsa la actuación de la Justicia.

El tercer y último objetivo se dedica, en fin, al análisis del transporte espacial de personas y de carga, que solo últimamente ha adquirido relevancia en la práctica. En efecto, desarrollos recientes como las naves espaciales reutilizables, el turismo espacial orbital y suborbital, el despliegue de nanosatélites, etc., permiten hablar ahora de una cierta “democratización” del acceso y uso del espacio —en definitiva, una Nueva Economía Espacial—, cuyo encaje en la regulación vigente no resulta en absoluto sencillo.