El proyecto se ocupa de dos cuestiones cuyo estudio parece imprescindible a la hora de valorar la contribución del transporte al desarrollo socio-económico como son la protección del contratante débil y los avances recientes en materia de liberalización. Los objetivos del proyecto se estructuran así en torno a dos ejes fundamentales: el análisis de aquellos aspectos contractuales que pudieran afectar a la parte que cuente con un poder limitado de negociación; y las implicaciones que desde el punto de vista del Derecho de la competencia plantea la liberalización del transporte.

Concretamente, y en lo que se refiere a los aspectos contractuales y la protección del contratante débil, la investigación se centrará en aquellas cuestiones que pudieran suscitar un interés mayor como consecuencia de las últimas iniciativas legislativas en la materia. Por un lado, merece ser estudiada la aplicación de la proyectada regulación europea sobre los contratos asimétricos al ámbito del transporte. Por otro, sigue sin regularse adecuadamente la posición del pasajero en los transportes terrestres en España, a pesar de que existen diversos instrumentos comunitarios que con frecuencia remiten al Derecho nacional. Similar se presenta la situación en los transportes aéreos, donde hace tiempo ya existe una propuesta de modificación del Reglamento nº 261/2004, que aún no ha concitado el consenso necesario para su aprobación. El único modo de transporte que cuenta con una regulación moderna es el marítimo, aunque la práctica ausencia de estudios sobre la materia hace necesario el estudio de los derechos y obligaciones del usuario frente al porteador. También suscita interés la regulación de los seguros obligatorios, no ya sólo en el transporte de viajeros (donde se echa en falta un estudio transversal para todos los modos de transporte), sino también y muy especialmente en relación a la navegación deportiva.

Dudas en relación con la protección del contratante débil plantea, asimismo, el transporte de mercancías. En el ámbito marítimo, por ejemplo, resulta conveniente estudiar las particularidades del transporte sobre cubierta, al que no resultan de aplicación las normas imperativas contenidas en los Convenios internacionales sobre la responsabilidad del porteador, así como la responsabilidad del porteador efectivo, el transporte marítimo de mercancías peligrosas o el contrato de manipulación portuaria.

En lo que se refiere a las implicaciones de la liberalización sobre la eficiencia y la calidad de los servicios de transporte, se plantean varios aspectos de interés que, por haber surgido recientemente, no han sido objeto de atención en anteriores proyectos de investigación o requieren una actualización debido a los últimos desarrollos. Por un lado, sigue pendiente la modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y se halla en trámite de aprobación parlamentaria una nueva Ley del Sector Ferroviario. Por otro, también resulta de plena actualidad el debate en torno al llamado transporte colaborativo que —a pesar de sus evidentes implicaciones desde el punto de vista del Derecho de la competencia— ha recibido escasa atención por la doctrina jurídico-privada en España, así como la posibilidad de realizar el transporte de mercancías mediante aeronaves no tripuladas (drones).